Los peligros dentro de la “nueva normalidad”: los delitos electrónicos

Los peligros dentro de la “nueva normalidad”: los delitos electrónicos

Desde que el Gobierno ha permitido la reactivación económica, mediante el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, después de la paralización completa de la mayoría de negocios por la emergencia sanitaria por el COVID-19, el E-commerce se ha convertido en la forma de transacción comercial más común. Obviamente, esta forma de comercio ya era muy popular antes de la pandemia y  todas las empresas importantes registraban un porcentaje considerable de sus ventas por este medio. Sin embargo, es evidente que, por las condiciones que impone el distanciamiento social, el E-commerce ha sido asumido por negocios que nunca habían incurrido en esta modalidad anteriormente (piense en todas las clases en línea, obras de teatro, venta de medicamentos, bienes de primera necesidad, etc.). Este cambio genera nuevas oportunidades y, también, amenazas. Por eso, quisiera comentar algunos de los tipos de fraudes electrónicos que se han incrementado en los últimos meses.

Primero, es importante recalcar que ninguno de estos delitos es nuevo, ya que se tiene registro de ellos hace varios años. A principios del presente año, la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) indica que, en el 2018, los delitos electrónicos alcanzaron los 1928 casos, mientras que en el 2019 aumentaron a 2097 (La República 2020). La mayoría de casos son de fraude y robo electrónico, y la minoría se refiere a delitos de naturaleza sexual (acoso o pedofilia). Aunque no existen cifras oficiales para el presente año, se puede presumir, con el aumento de las transacciones electrónicas, una tendencia al alza.

Después, es necesario revisar lo que establecen las leyes vigentes. En nuestro país, la Ley N° 30096, “Ley de Delitos Informáticos”, rige desde el año 2013, lo cual implica un buen precedente. Asimismo, esta ley fue modificada en el 2014 con algunos cambios importantes para precisar los tipos de delitos posibles y la intencionalidad de los actos cometidos (lo que en lenguaje jurídico se llama “de carácter doloso”). En otras palabras, la legislación actual estipula una variedad de delitos probables (lo cual facilita precisar la sanción que merece cada uno) y la responsabilidad de los involucrados en la estafa. Para que estos delitos se denuncien, es necesario asumir que los delincuentes manipulan las herramientas tecnológicas en perjuicio de los afectados. En ese sentido, es saludable que las leyes peruanas sancionen adecuadamente este tipo de infracciones.

¿Cuáles son los delitos electrónicos más comunes? Según la Divindat, son 8 tipos de modalidades de crímenes que contempla la legislación. En esta oportunidad, quiero concentrarme en dos: el fraude electrónico y la suplantación de la identidad. El primero contempla todo tipo de actividad que, con la ayuda de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), busca el perjuicio de los bienes jurídicos diversos. En este caso, estos pueden ser de naturaleza económica, pero también se considera el acceso y/o manejo de información privada. En otras palabras, se castiga no solo el robo de dinero, sino también la manipulación de datos personales. La legislación estima a la información en sí, incluso a la de carácter exclusivamente privado, como un bien susceptible de robo. Dentro de esta modalidad, se encuentran el “pishing” (robo de información a través de engaños) y las compras por internet mediante información de tarjetas de crédito o débito.

El segundo tipo, la suplantación de identidad, se define como la ocupación de una identidad ajena mediante el uso de las TIC, lo cual implica algún tipo de perjuicio a la víctima. Es decir, esta suplantación genera algún daño económico, patrimonial y/o personal. Por ello, al igual que en el caso anterior, el reemplazo en sí, hacerse pasar por alguien, constituye el delito. La integridad moral intangible de la persona, entendida como información privada y como derecho inalienable, es respetada y sancionada en caso de transgresión, ya que este tipo de crimen solo puede ser realizado con la intención clara de causar daño. En este caso, este delito se ejecuta a través de cuentas de correo y redes sociales falsas.

Para terminar, solo quiero indicar un par de cuestiones. Por un lado, es importante recordar que estos delitos no son nuevos y, por lo tanto, ya se cuenta con la legislación y las herramientas necesarias para combatirlas. El Estado, con la Divindat, y las empresas de seguridad ofrecen los servicios suficientes para la protección. Por otro lado, necesitamos aumentar la precaución con la información que nos llega por redes sociales o correos electrónicos. Para que estos delitos se comentan, los delincuentes necesitan la información que, muchas veces de manera inadvertida o ingenua, las mismas víctimas entregan. Por eso, al igual que el uso de mascarillas y el lavado de manos, la precaución personal es primordial.