¿Mandarlos a sus casas?: el problema del hacinamiento en los penales

¿Mandarlos a sus casas?: el problema del hacinamiento en los penales

Por Luis Samamé Zapata

Dentro de todos los problemas que surgen a raíz de la expansión de los contagios por el COVID-19 en nuestro país, la situación de los presos en los penales es una de las más inesperadas. Inesperadas no porque no se supiera que había un problema con la gran cantidad de presos dentro de los centros penitenciarios, sino porque comenzaron un debate que, usualmente, solamente concierne a los especialistas en seguridad nacional. ¿Sabía usted que cada preso le cuesta al Estado peruano un promedio de 10 mil soles anuales? Multiplique esa cifra por la cantidad de presos y entenderá el motivo de preocupación por el hacinamiento. La pregunta central es la siguiente: ¿Cómo reducir el excesivo número de presidiarios en las cárceles en la actualidad? Por ello, quisiera dejar una opinión al respecto, además de una posible respuesta.

Como ya se dijo, el problema del hacinamiento en los penales, no es nuevo. Se sabe que varios de los centros penitenciarios tienen una sobrepoblación de reclusos desde hace varios años. Según cifras oficiales, los establecimientos con la mayor cantidad son el penal de Chanchamayo (553%), Jaén (522%), Callao (471%), Camaná (453%), Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%). Así como lo acaba de leer: en algunos lugares, se albergan más de cinco veces la capacidad total. Esto implica, obviamente, que los servicios de manutención (comida, limpieza, espacios de movilización, número de celdas, etc.) de los presos se encuentran en un estado calamitoso e inhumano. 

Sumado a esto, en el contexto actual de la pandemia, esta situación se ha puesto en el centro de la atención pública, porque estos lugares hacinados son focos de contagio y propagación del virus. Hasta junio, se sabía que el número de reos contagiados alcanzó los 2030 y los casos de fallecidos llegó a los 221. Asimismo, recuerde que mantener cada uno de estos presos cuesta millones de soles al Estado todos los años. Si se redujera la cantidad de presos, se ahorraría una suma considerable al gasto público, dinero que se podría utilizar en los planes de contención de la enfermedad.

Por su alto de nivel de contagio del COVID-19, mantener el hacinamiento de los penales facilita la propagación en nuestro país, ya de por sí tan golpeado por la pandemia. Por esta razón, se deben establecer medidas que reduzcan el número lo más pronto posible. A raíz de un reclamo de un interno en un penal de Tacna, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el estado de las cosas en los penales por las deficiencias en su infraestructura y servicios básicos, y ha dispuesto que, para el 2025, se debe cambiar esta situación. De no hacerlo, se cerrarán los penales que tengan las peores condiciones de funcionamiento. Para lograrlo, deben trabajar de manera conjunta los tres poderes estatales, Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

Sin embargo, aquí no acaba la cuestión. También, el Ejecutivo ha aprobado dos Decretos Legislativos (N° 1513 y 1514) para excarcelar a los procesados o condenados por delitos menores. Varios de estos seguirán su condena mediante el arresto domiciliario y, en otros casos, entrarán a un proceso de reinserción a la sociedad. En otras palabras, están mandando a sus casas a los delincuentes que no hayan cometido delitos graves. Se espera que 7000 presos en todo el país se puedan acoger a estas medidas, lo que reducirá significativamente el hacinamiento.

Sé que muchos pensarán “¡Les están devolviendo su libertad sin pagar por su crímenes!”. Sin embargo, los especialistas en derecho justifican la intención detrás de estos decretos. A ver dígame usted, ¿de qué sirve mantener en la cárcel a los que venden drogas en montos mínimos, evidentemente para uso recreativo como la marihuana? No estoy hablando de narcotraficantes o bandas organizadas, sino de jóvenes universitarios o consumidores ocasionales. Evidentemente, merecen recibir una sanción, pero meterlos a la cárcel parece innecesario y desproporcionado al delito cometido. Algo similar pasa con las personas que no pagan alimentos. ¿Quién gana en ese escenario? Si es apresado, es obvio que no podrá seguir pagando de ninguna forma. Para obligarlo a pagar, se pueden usar otros mecanismos como el registro de bienes, el control de sus trabajos y  gastos, etc. Es decir, en casos como los anteriores, que no son pocos, es razonable que se les devuelva su libertad (al menos mientras dure la pandemia).

Se espera que estos cambios se mantengan a largo plazo y no solo se ejecuten durante la pandemia, ya que se debe reducir el número de presos definitivamente. Personalmente, soy de la opinión que las leyes en nuestro país requieren un cambio drástico para evitar dos situaciones que abundan en la actualidad: primero, establecer otro tipo de penas que no impliquen encarcelación para delitos menores como los que describí más arriba, y, segundo, acelerar los procesos penales para las personas que esperan sentencias. Según el propio INPE, cerca del 40%, aunque parezca increíble, de personas encarceladas no han recibido sentencia. Es decir, siguen esperando dentro del penal la sentencia que justifique legalmente su encarcelación. Creo que corrigiendo estas dos situaciones se podrá hacer un avance importante en esta materia.